Un solo gremio, grupo de expresión del gremio periodístico quiere hacer público su repudio a la vil agresión física recibida por el colega y ex presidente del Colegio Manuel Isidro Molina, quien en la tarde de ayer fue atacado por un motorizado en la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería –SAIME- ubicada en Coche, el cual, sin mediar palabra, le propinó golpes con el casco y patadas, produciéndole lesiones en el cráneo y una mano.
Agrava la situación el hecho de que para el momento de la agresión, Molina no estaba ejerciendo labores periodísticas, sino haciendo valer un derecho ciudadano, como lo es el de la identidad, en una dependencia administrativa pública, por lo que al repudiar el hecho nos solidarizamos con todos aquellos ciudadanos que han sido víctima de la violencia, sea ésta delictiva o política, pero principalmente con todos aquellos que por miedo han decido callar.
Asimismo, condena la conducta de funcionarios de la Policía de Caracas que ayer, durante la cobertura de la marcha de trabajadores universitarios hacia la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva, argumentaron para no brindar protección a los periodistas Alejandro Tastets (RCTV), Gabriela Salcedo (Globovisión), Ingrid Bravo (Unión Radio), Hirlenis Molina (FM Center) y Andrea Small (El Nacional), quienes debieron retirarse y no cubrir su pauta debido a la amenaza y a la violencia ejercida por parte de una parcialidad que insistió en obstaculizar la protesta.
Duele decirlo, pero el colega Manuel Isidro Molina y los colegas Tastets, Salcedo, Bravo, Molina y Small, pasan a engrosar la abultada lista de víctimas del gremio que en el bienio 2008-2010 suman un monto de 369: 221 periodistas, 47 camarógrafos, 45 reporteros gráficos, sin que hasta ahora el estado venezolano haya establecido ninguna responsabilidad sobre ningún accionante.
El informe del Instituto Prensa y Sociedad: Medios en Asfixia: la libertad de prensa en Venezuela 2008-2010 establece que “los autores a las violaciones a la libertad de prensa (la mayoría de ellas realizadas como agresiones a los periodistas) se suelen esconder tras el cobijo oficial, como personas identificadas como ‘simpatizantes del Presidente Hugo Chávez’ (15,02%), particulares reunidos bajo las categorías ‘otros’ (12,45%), o ‘desconocidos’ (12,02%); e ‘integrantes de la Fuerza Armada Nacional’ (12,02%).
La actitud del Estado frente a estos hechos ha sido notoriamente negligente: una década de agresiones a los periodistas no trasciende la etapa de la denuncia por la impunidad general frente al delito, situación que ha llevado a que el país presente los índices de actos delictivos y violencia más altos de la región. Sobre lo anterior, cabe señalar que la negligencia del Estado, pudiese obedecer a conveniencias políticas, y podría ser entendida como criminalidad pasiva y constituir delito de lesa humanidad, que como bien saben los funcionarios de turno, se contempla en el estatuto de Roma -por el cual se constituyó el Tribunal Penal Internacional- que es un delito que no prescribe, y Venezuela es signatario de dicho tratado.
Nuestra responsabilidad para con el país, para con las víctimas de la violencia política y del hampa incontrolada en funciones de terrorismo de Estado es denunciar, documentar, elevar a las instancias correspondientes, no cejar en la búsqueda de la justicia: no quedarnos callados, porque en el cumplimiento de esta responsabilidad no hay polaridad posible.
La parcialidad gobernante lo sabe, por eso insiste en la práctica de “matar al mensajero” que lo único que propicia es la autocensura del gremio y la censura de los medios de comunicación social, para que nadie se entere, para que nadie demande, para que nadie proteste y así imponer su voluntad ante el silencio de la voluntad general, lo que evidencia su intención totalitaria, mal disimulada bajo las nobles consignas de la justicia social.
En virtud de que estas nuevas agresiones se sumarán a las denuncias ya formuladas, y serán elevadas a las instancias internacionales en procura de una justicia que el Estado venezolano niega sistemáticamente, creemos que es indispensable exigir:
Que el gremio actúe enfáticamente en esta materia, repudiando la agresión realizada en la persona del colega Manuel Isidro Molina y los colegas antes mencionados.
Que la Fiscalía realice una averiguación de oficio sobre los hechos, con el fin de esclarecerlos y encontrar a los responsables y enjuiciarlos como corresponde al ejercicio del estado de derecho de una nación democrática.
Que la Defensoría del Pueblo se pronuncie como parte de buena voluntad, accionando en favor de la nación representada en la persona de los agraviados, ciudadanos venezolanos a los cuales esta instancia del poder ciudadano se debe.
Que la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional conozca, en sesión especial, el contenido de los informes sobre las restricciones a la libertad de prensa elaborados tanto por las organizaciones de la Coalición Pro Acceso como por la Alianza por la Libertad de Expresión en Venezuela, dado que constituyen documentación de referencia para la elaboración de los proyectos de leyes relativas a la comunicación, que en su seno se discuten.
Y del mismo modo, exhortamos a la opinión pública nacional a solidarizarse con la causa de los periodistas, que no es otra que la de garantizar la libertad de expresión como aquella que hace posible el ejercicio de las libertades ciudadanas en democracia.
Los mensajeros del pueblo no sabemos callar ni estamos dispuestos a aprender
Respeto a la Constitución y a la Libertad de Expresión
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Un Solo Gremio
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